Según las investigaciones, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ordenó a Olmedo López apoyar la reforma pensional mediante la entrega de contratos a congresistas.
Martha Peralta Epiayú, senadora del Pacto Histórico, permanece detenida en su residencia por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, como medida preventiva para garantizar su comparecencia dentro de las investigaciones por el caso de la UNGRD.
La magistrada ponente, Cristina Lombana, había ordenado inicialmente que la congresista fuera conducida por la Policía, luego de que solicitara en dos ocasiones el aplazamiento de la diligencia de indagatoria, que continuará este viernes a partir de las 8:00 de la mañana.
La Fiscalía ha identificado a Peralta Epiayú como la supuesta articuladora principal de una estrategia diseñada para “torcer” el voto de varios parlamentarios en el marco del escándalo de la UNGRD.
Según las investigaciones, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ordenó a Olmedo López apoyar la reforma pensional mediante la entrega de contratos a congresistas para ampliar las mayorías en la Comisión Séptima del Senado.
En cumplimiento de esta orden, el 13 de junio de 2023, López supuestamente asistió a un debate donde acordó con Peralta Epiayú gestionar proyectos dentro de la UNGRD para beneficiar a colegas de su comisión, mencionándose específicamente a la senadora Berenice Bedoya.
El expediente judicial del caso plantea que la congresista, al parecer, operaba bajo una división del trabajo, donde la congresista del Pacto Histórico habría pedido a López atender a los congresistas de la coalición que estaban molestos por la “escasa participación” que tenían en el Gobierno, direccionando la contratación de la entidad a su favor para “aceitar” el trámite legislativo.
De acuerdo con testimonios previos en el caso, la senadora habría solicitado la vinculación de 23 personas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) y presionado por la contratación de figuras clave para su poder político en Maicao, La Guajira.
La persona mencionada ha sido Carmen Domitila Iguarán, quien ha negado en medios alguna relación con el escándalo de Gestión del Riesgo: “No tuve ni tengo poder decisorio en la UNGRD ni en ninguno de sus proyectos; solo fui una funcionaria de nivel medio”.
Asimismo, Peralta Epiayú es señalada supuestamente de gestionar contratos de maquinaria amarilla y jagüeyes en La Guajira para consolidar candidaturas de su movimiento en esa región.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga a la congresista por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
