El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia por lavado de activos relacionada con recursos desviados de los Juegos Nacionales de 2015.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 15 años de prisión impuesta a Gloria Inés Martínez Acevedo por el delito de lavado de activos, dentro del proceso relacionado con el desvío de recursos destinados a la construcción de escenarios deportivos para los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2015 en Ibagué.
La decisión ratifica la sentencia emitida el pasado 9 de abril por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que la halló responsable de participar en maniobras para ocultar el origen ilícito de recursos provenientes de hechos de corrupción en la contratación de los escenarios deportivos.
Según el fallo, entre 2013 y 2015 Martínez Acevedo adquirió un apartamento en Bogotá por un valor cercano a los $696 millones. Parte de los recursos utilizados para la compra provenían de dineros obtenidos ilegalmente por Orlando Arciniegas Lagos, exasesor vinculado al escándalo de corrupción de los Juegos Nacionales.
La investigación estableció que una suma de $325,7 millones habría sido canalizada mediante operaciones simuladas para completar el pago del inmueble, recursos que, según las autoridades judiciales, tenían origen en el direccionamiento del concurso de méritos para los estudios y diseños de los escenarios deportivos de Ibagué 2015.
El Tribunal concluyó que Martínez Acevedo conocía la procedencia ilícita de los dineros y participó en actuaciones destinadas a darles apariencia de legalidad mediante negocios y documentos utilizados para justificar la adquisición del inmueble.
Durante la apelación, la defensa argumentó que la procesada fue instrumentalizada por Arciniegas Lagos y que desconocía el origen de los recursos. Sin embargo, la Sala consideró que las pruebas documentales, testimoniales y financieras demostraron que su participación fue consciente y voluntaria.
Con la decisión, quedó en firme la condena de 15 años de prisión, una multa equivalente a 12.987,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término. Además, el Tribunal mantuvo la orden de captura y negó cualquier beneficio sustitutivo de la pena.
El proceso hace parte de las investigaciones derivadas del entramado de corrupción que provocó el fracaso de las obras para los Juegos Nacionales de 2015, uno de los mayores escándalos de contratación pública registrados en Ibagué.
